La investigación que se inició después de que la empresa de seguridad privada Securitas admitiera ante la Justicia el pago de millonarias coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados podría tener nuevos avances a partir del análisis de la documentación y dispositivos electrónicos secuestrados en los más de 50 allanamientos ordenados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado..